Venezuela Mediados de 2008

A partir de la segunda mitad  del 2008 han ocurrido en Venezuela interesantes acontecimientos y decisiones –cuyas secuelas continuarán en el tiempo- en lo político y en lo económico, que le dan un carácter particular a ese período. En este escrito comentaremos sobre algunos de ellos, como las inhabilitaciones al derecho a  ser elegido popularmente decididas por el Contralor General de la Nación, los últimos decretos-leyes emitidos por el Presidente Chávez, dentro de la autorización que le fue otorgada para ello por la Asamblea Nacional,  algunos aspectos económicos, etc.

Estos comentarios los hago con el propósito original de ordenar mi pensamiento sobre esos aspectos. Ojalá que le sea de utilidad a algunos de los lectores de este blog. A fin de facilitar el entendimiento de lo que aquí expreso, hago la siguiente explicación. En este mismo blog hay dos escritos publicados en noviembre y en diciembre de 2007, relacionados con el referéndum que se efectuó el 2 de diciembre de ese año, acerca de la propuesta de reforma a la Constitución propuesta por el Presidente de la República: “La Propuesta de Cambio Constitucional en  Venezuela” y “Venezuela: Si al No”. Este escrito debe considerarse como continuación de aquellos. De manera que muchos comentarios que debería hacer aquí en relación a los diversos temas tratados ya están dichos en esos escritos. Invito entonces al lector a leer o releerlos como parte integral de mis reflexiones sobre Venezuela. Los temas comentados han sido profusamente informados y comentados en los medios, de lo cual me he nutrido considerablemente.

Las Inhabilitaciones

Para abordar este tema plantearé en primer lugar mi opinión personal, basada en los diversos textos legales relacionados. Luego comentaré  sobre la sentencia de la Sala Constitucional por medio de la cual decidió la constitucionalidad de la decisión del Contralor, en lo cual usaré la opinión de varios especialistas El jurisconsulto Alberto Arteaga Sánchez dice que no se necesita ser abogado para entender la Constitución. Y yo agrego que tampoco se necesita ser abogado para entender  burdas interpretaciones de esa Constitución.

El Contralor General de la Nación tomó la decisión de inhabilitar políticamente a 238 candidatos a diversos cargos para las elecciones de gobernadores, alcaldes, concejos municipales y consejos legislativos, que se efectuarán el 23 de noviembre próximo. Esa decisión afecta mayormente a la oposición, tanto por la cantidad como por la calidad de los cargos a que aspiraban esos candidatos y, sin considerar todavía los aspectos legales, convierte al Contralor en un gran elector, convirtiéndolo en uno de los hombres mas poderosos en la política venezolana. Esa “eficiente” demostración contrasta con la pobre actuación que dicho funcionario ha tenido en los numerosos casos de corrupción que se han presentado en este gobierno. El Consejo Nacional Electoral optó por dejarle al Tribunal Supremo de Justicia la decisión sobre la constitucionalidad de la medida, mientras el Presidente y la Asamblea Nacional respaldaron decididamente al Contralor.

La decisión del Contralor está basada en el Artículo 105 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal, el cual reza:

Art. 105. La declaración de responsabilidad administrativa , de conformidad con lo previsto en los artículos 91 y 92  de esta Ley, será sancionada con la multa prevista en el artículo 94, de acuerdo con la gravedad de la falta y el monto de los perjuicios que se hubieren causado. Corresponderá al Contralor General de la República de manera exclusiva y excluyente, sin que medie ningún otro procedimiento, acordar en atención a la cantidad del ilícito cometido, la suspensión del ejercicio del cargo sin goce de sueldo por un período no mayor de veinticuatro (24) meses o la destitución del declarado responsable, cuya ejecución quedará a cargo de la máxima autoridad; e imponer, atendiendo la gravedad de la irregularidad cometida, su inhabilitación para el ejercicio de funciones públicas hasta por un máximo de quince (15) años, en cuyo caso deberá remitir la información pertinente a la dependencia responsable de la administración de los recursos humanos del ente u organismo en el que ocurrieron los hechos para que realice los trámites pertinentes.

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