Venezuela Mediados de 2008

La ley de contraloría fue  aprobada por el Congreso Nacional en fecha posterior a la vigencia de la Constitución actual. En ésta, varios artículos apuntan hacia la inconstitucionalidad del Artículo 105. De ser esto correcto, ese artículo habría nacido ya inconstitucional. En este artículo nos limitaremos a su examen desde el punto de vista de la inhabilitación para cargos de elección popular, para lo cual el Contralar está presuntamente autorizado legalmente y constitucionalmente según opiniones oficiales. En tanto que numerosas opiniones, tanto desde el punto de vista legal como político, objetan esa constitucionalidad.

Iniciaré mi comentario con el artículo 65 de la Constitución:

Art. 65. No podrán optar a cargo alguno de elección popular quienes hayan sido condenados o condenadas por delitos cometidos durante el ejercicio de sus funciones y otros que afecten el patrimonio público, dentro del tiempo que fije la ley, a partir del cumplimiento de la condena y de acuerdo con la gravedad del delito.

Qué relación tiene este artículo con el 105? En el artículo 91 de la contraloría, donde se específica las actuaciones que serían objeto de penalidad por parte del Contralor, se dice:

Art. 91. Sin perjuicio de la responsabilidad civil o penal, y de lo que dispongan otras leyes, constituyen supuestos generadores de responsabilidad administrativa….

El artículo 65de la Constitución es muy claro en el sentido de que sólo por delitos, lo cual sólo puede ser calificado así por un tribunal, se puede impedir el  derecho a optar a cargos de elección popular. El solo sentido común nos dice que una irregularidad calificada de administrativa no puede ser asimilada a un delito. Y el propio artículo 91 abona esa diferencia cuando dice “sin perjuicio de la responsabilidad civil  o penal…”, separando claramente lo que serían ilegalidades civiles o penales de la responsabilidad administrativa. Por si esto fuera poco, hay dos artículos de la Constitución que ratifican el hilo que llevan estos comentarios. En el articulo 49.6 se hace una clara diferenciación de  lo que en términos generales podríamos llamar “ílicitos”, separando los delitos de lo que son faltas o infracciones.

Art, 49 par. 6. Ninguna persona podrá ser sancionada por actos u omisiones que no fuesen previstos como delitos, faltas o infracciones en leyes preesixtentes.

Y  el artículo 42 establece:

Art, 42, Quien pierda o renuncie a la nacionalidad pierde la ciudadanía. El ejercicio de la ciudadanía o de algunos de los derechos políticos sólo puede ser suspendido por sentencia judicial firme en los casos que determine la ley.

Obviamente, el derecho a elegir y ser elegido está en los derechos consagrados por la Constitución, según su Capítulo IV, “De los derechos políticos y del referendo popular”, del cual forma parte el artículo 65.

La concatenación del artículo 105 con los artículos que he citado no me deja dudas sobre los vicios de inconstitucionalidad de ese artículo de la ley de la contraloría y su uso indebido por parte del Contralor, al inhabilitar para cargos de elección popular a un número de venezolanos que fueron penalizados por irregularidades administrativas.

El abogado Gerardo Blyde tiene un poderoso argumento en contra de la decisión del Contralor, el cual transcribo completo por su importancia:

“Si los mecanismos de designación de los poderes son de rango constitucionalidad, en protección al valor supremo de un individuo libre en democracia, las excepciones a la participación  libre en los procesos de designación también deben ser de rango constitucional, so pena de que mediante ordenamientos  jurídicos de menor jerarquía se conculquen derechos tan fundamentales y terminen  haciéndolos  nugatorios. Si los mecanismos de designación de autoridades son parte fundamental de la Constitución Suprema, sus excepciones también deber serlo.”

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