Venezuela Mediados de 2008

La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia declaró la constitucionalidad del artículo 105 de le ley de contraloría. El Magistrado Pedro Rafael Rondón Haaz salvó su voto. Ese voto salvado es mas que eso, es una brillante contra sentencia, que pone de manifiesto los errores, inconsistencias y mas que inconsistencias de los magistrados que aprobaron la ponencia elaborada por el magistrado Delgado Ocando.

Igual que en el caso de mi opinión, usaré fundamentalmente de esa sentencia y del voto salvado, lo referido a los cargos de elección popular.

En lo que se refiere a la inconstitucionalidad demandada del Art. 105 por vulneración de los derechos políticos, después de algunos considerandos, dice la sentencia:

“Ahora bien, los artículos 42 y 65 constitucional, que los accionantes estiman como vulnerados, disponen expresamente: (Se citan los artículos).

Atendiendo al contenido de las normas citadas es menester señalar que la potestad sancionatoria del Contralor General de la República está referida al ámbito administrativo; es decir, que no es una sanción política como ocurre en otros ordenamientos constitucionales latinoamericanos, en virtud de que la sanción de inhabilitación se ciñe a la función administrativa vista la naturaleza jurídica de la Contraloría General de la República y sus funciones constitucionales, que apuntan a la fiscalización, supervisión y control de la gestión pública, funciones que se insertan en el Sistema Nacional de Control Fiscal; ello es la garantía del postulado constitucional establecido en el artículo 141 de la Carta Magna.

En efecto, la sanción de inhabilitación para el ejercicio de cualquier función pública surte efectos para el desempeño de la función administrativa, indistintamente de cuál sea el origen; esto es, por concurso, designación o elección popular. De ese modo, la inhabilitación decretada en uso de la potestad otorgada por el artículo 105 de la Ley de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal limita o inhabilita, durante la vigencia de la sanción, la aptitud para el manejo de la cosa pública por causa de haber incurrido en infracciones administrativas comprobadas mediante el procedimiento de control fiscal. Esta inhabilitación se extiende a toda función administrativa, incluso las que derivan del cargo de elección popular, en virtud de que la función de gobierno supone necesariamente la aptitud para el ejercicio de funciones públicas. El rol de gobernante no puede escindirse de la de funcionario, y sobre ambos recaen exigencias constitucionales en pro de la correcta gestión pública, que es menester armonizar.

Es de advertir que la sentencia penal a que aluden los artículos 42 y 65 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela suspende el ejercicio de los derechos políticos, la impuesta en cambio por el Contralor General de la República inhabilita para el ejercicio de funciones públicas, en uso de la facultad que le confiere el artículo 289.3 constitucional, (PERO ESTE EN RELACION A LAS FUNCIONES DE LA CONTRALORIA HABLA DE “SANCIONES ADMNISTRATIVAS) Y LUEGO EL 289.4, INSTA AL FISCAL….CON MOTIVO DE LAS INFRACCIONES Y DELITOS…) y que desarrolla el artículo 105 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal. Es decir, que como consecuencia de la inhabilitación se restringe la aptitud para ser funcionario público, como sería la restricción derivada de la mayoridad o de los extranjeros para determinados cargos públicos, debiéndose recalcar que es cualquier funcionario público, incluso los de elección popular, de modo tal que el sancionado no puede ser funcionario, y por conexión necesaria tampoco gobernante.

Con base en esta distinción, y entendido que son dos inhabilitaciones diferentes que dimanan de varios preceptos constitucionales, cuales son los artículos 42, 65 y 289.3, corresponde a los órganos de la Administración Pública no permitir el ejercicio de cargos públicos a ciudadanos sancionados, es decir no designarlos o no permitir su concurso; y al Poder Electoral velar porque no se fragüe un fraude a los electores permitiendo la postulación, el concurso y la elección de un ciudadano que está impedido para ejercer las funciones administrativas ínsitas a las funciones de gobierno.

Aceptar que ello no es así, como lo pretenden los accionantes, desnaturalizaría la coercibilidad de la potestad sancionatoria del control fiscal; y burlaría por completo el cometido estatal de velar por la ética pública, la moral administrativa, la buena gestión y la legalidad en el uso del patrimonio público contenido en el artículo 274 y siguientes de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela; pues la inhabilitación se tornaría inejecutable primero con ocasión de las aspiraciones electorales, y luego en virtud de las prerrogativas procesales de las que gozan algunos cargos, avalando una espiral de impunidad que acrecentaría los viejos vicios que han deformado la visión que tenemos los venezolanos acerca de lo que es y debe ser la cosa pública.”

Desde mi posición de lego en derecho, encuentro  estas consideraciones  muy débiles para avalar la constitucionalidad del Art. 105. En adición a los comentarios que ya hice, encuentro lo siguiente en esta parte de la sentencia. Cuando se dice que “Es de advertir que la sentencia penal a que aluden los artículos 42 y 65 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela suspende el ejercicio de los derechos políticos, la impuesta en cambio por el Contralor General de la República inhabilita para el ejercicio de funciones públicas, en uso de la facultad que le confiere el artículo 289.3 constitucional”, es demasiado retorcer la sintaxis para lograr un resultado preconcebido; el Art. 65 es muy claro en su amplitud, “El ejercicio de la ciudadanía o de algunos de los derechos políticos”, sin que haya lugar para las diferenciaciones que hace la sentencia. Cuando se refiere al Art. 289 de la Constitución sobre las atribuciones de la Contraloría, su aparte 4 establece: “Instar al Fiscal o a la Fiscal de la República a que ejerzan las acciones judiciales a que hubiere lugar con motivo de las infracciones y delitos cometidos contra el patrimonio público y de los cuales tenga conocimiento en el ejercicio de sus atribuciones”. Ello concuerda perfectamente con el Art. 65; cuando el Contralor encuentre una situación delictual, su deber es trasmitir el caso a la fiscalía, quien decidiría si procede a un juicio, sólo después del cual se puede realizar la inhabilitación política, en caso de que el funcionario haya sido declarado culpable en todas las instancias del poder judicial.

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