Venezuela Mediados de 2008

Los Decretos-Leyes

Dentro de la autorización que le fue dada al Presidente por la Asamblea Nacional para legislar por decreto hasta el 31 de julio de 2008, finalmente fueron emitidas 26 leyes. Estas van desde la ley de las Fuerzas Armadas, hasta leyes relacionadas con el sector agrícola, el territorio, el turismo, la economía y bancos, la vivienda, la seguridad social, la administración pública.

Gran parte de la legislación tiene como objetivo, declarado por el Presidente, de introducir disposiciones que estaban incluidas en el proyecto de reforma constitucional rechazado  en el referendo del 2 de diciembre de 2008. Ello bajo el argumento de que nada impide que así lo haga y de que ello no colide con la Constitución. La Sala Constitucional del Tribunal Supremo se apresuró a  darle la bendición de constitucionalidad a esos decretos, cuando dado el cortísimo tiempo de que dispuso era imposible que  pudieran ser examinadas concienzudamente, en un acto que refleja la incondicionalidad hacia el Ejecutivo. Sin embargo, esos decretos tienen claros ribetes de inconstitucionalidad, los cuales han sido puestos de manifiesto en los medios y por instituciones especializadas como la Academia de Ciencias Políticas y Sociales.

En adición al problema legal, las nuevas disposiciones, cónsono con el hecho de que muchas de ellas provienen del fracasado proyecto de reforma constitucional, avanzan considerablemente en el objetivo de establecer un régimen totalitario, con mayores poderes para el presidente, mayor inseguridad jurídica, un régimen económico con un grado de intervención estatal exagerado.

Examinar razonablemente las 26 leyes requiere equipos multidisciplinarios y con tiempo suficiente, por la variedad de las áreas incluidas (cómo lo hizo la Sala Constitucional?). Por ello, en lo que sigue nos limitaremos a examinar sólo sólo una muestra,  desde los ángulos esbozados arriba. El examen  no será exhaustivo; abordaremos principalmente lo relacionado con su  constitucionalidad y sus repercusiones sobre el cambio de régimen económico-social, que a veces son concomitantes con el aspecto legal. Pero antes mencionaremos otro problema legal. La autorización dada al presidente expiraba el 31 de julio. Ese día lo que éste hizo fue anunciarlas y esbozarlas. Las leyes salieron publicadas en la Gaceta Oficial después del día mencionado. Por ello, algunos abogados sostienen que de entrada los decretos son ilegales, pues fueron publicados después de la expiración de la autorización.

La ley de la Fuerza Armada

Comencemos por el cambio de nombre. En el decreto respectivo se le llama “Fuerza Armada Nacional Bolivariana”, en lugar de “Fuerza Armada Nacional”, como está establecido en el Título III de la Constitución. Aunque el destacado abogado Gerardo Fernández afirma que ese cambio es constitucional, en mi humilde opinión no lo es, aunque la propia Constitución se denomina “Bolivariana”. Con respecto a este punto, en la disposiciones constitucionales se presentan dos situaciones. En uno, la Constitución establece lineamientos generales, los cuales remite para su implementación adecuada a una ley particular. Pero cuando la Constitución es taxativa, ello no se puede cambiar sino a través de una modificación  constitucional, por mínimos que sean esos cambios. Y ese es el caso del nombre “Fuerza Armada Nacional”.  Pienso que esta opinión se refuerza al examinar el Título IX de la Constitución, “De la Reforma Constitucional”, la cual jerarquiza esos cambios según su profundidad en “Enmiendas” y en “Reforma Constitucional”. Respecto a la primera, establece el artículo 340:

“La enmienda tiene por objeto la adición o modificación de uno o varios artículos de esta Constitución, sin alterar su estructura fundamental.”

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