Venezuela Mediados de 2008

La oposición ha planteado que la ley establece fijación del consumo de los distintos rubros, lo cual niega Elías Jaua, el Ministro de Agricultura y Tierras.  Sin embargo, si la Real Academia Española de la Lengua no ha cambiado la sintaxis sin yo enterarme, el contenido del artículo 36 desmiente a Jaua.

Artículo 36.  “En los instrumentos mediante los cuales se regule el sector agrícola, así como en los respectivos Planes Nacionales y Sectoriales, el Ejecutivo Nacional podrá establecer sujetos beneficiarios a los cuales se les otorgará prioridad en el consumo de determinados productos agrícolas, a fin de garantizar la soberanía y seguridad agroalimentaria y agroproductiva de la Nación. A tal efecto, el Ejecutivo Nacional, en conjunto con los Consejos Comunales de cada región, determinará los niveles de consumo comunal por rubro e identificarán a los sujetos beneficiarios con base en parámetros objetivos que permitan el acceso prioritariode personas en situación de vulnerabilidad socioeconómica o exclusión, productoras y productores locales y organismos públicos, garantizándose un limite mínimo o necesario, manteniendo valores ideales que no se traduzca en un consumo exagerado. En todo caso, la regulación que se dicte en ejecución del presente artículo deberá garantizar el abastecimiento de productos locales a la población asentada en la zona de producción, antes de la extracción o traslado de tales productos locales a los mercados o la agroindustria.”

La primera parte del artículo es mu vaga, quiénes son esos sujetos beneficiarios a los cuales se les otorgará prioridad en el consumo y en base a cuáles criterios. Ello se prestaría para cantidad de abusos.. No hay duda  según la ley que en las distintas comunas habría que fijar el consumo de las comunidades, difícil tarea y además que sería muy cambiante en el tiempo. A través de esa regulación también se  determinaría el consumo del resto de la población. Pero no por último es menos importante la cantidad  inmensa de controles que habría que imponer para evitar que los productos vayan al mercado “ilegalmente”. Esto nos llevaría a una situación peor que en el Medioevo: en éste los controles eran entre los distintos feudos; según esta Ley sería de cada comuna al resto de Venezuela. Una economía agrícola totalmente maniatada, asfixiante.

La misma maraña de controles se establece tanto para las exportaciones como para las importaciones agrícolas, a través de los certificados de no producción o de producción insuficiente, que dañará tanto las posibilidades de exportación del país como la importación  oportuna de rubros necesarios.

La ley establece una cantidad  kafkiana de causales de sanción, penalidades y fiscalizaciones que serán permanentemente una espada de Damocles contra los productores que, muchas, por su generalidad, permiten abusos por parte del régimen. Conociendo la animadversión del régimen hacia el sector privado, su modus operandi y su desprecio de la ley,  no es difícil saber que estarán enfiladas hacia ese sector, reduciendo en forma significativa la inversión en el sector agrícola por  la inseguridad jurídica.

La ley  establece que el intercambio  de productos se puede hacer a través del intercambio de equivalentes, trueque, las monedas locales. Mi observación principal es que  esa disposición es inconstitucional. La Constitución establece en su

Artículo 318.   “La unidad monetaria de  República Bolivariana de Venezuela es el bolívar. En caso de que se instituya una moneda común en el marco de la integración latinoamericana y caribeña, podrá adoptarse la moneda que sea objeto de un tratado que suscriba la Repúblicas.”

De manera que la Constitución, en relación a las monedas que pueden circular, sólo contempla una excepción en el caso de la integración latinoamericana. Cómo puede defenderse, entonces su inclusión como legal, si no sólo no está contemplada, sino negada, porque la excepción aceptada ya pone un tope a las monedas distintas al bolívar que pueden ser aceptadas?  No se paseó por ello el Tribunal Supremo? Yo no soy abogado, pero dicen que el derecho es el sentido común aplicado y el sentido común  indica que esa disposición no puede ser constitucional, desde que, sin nombrar a las monedas locales, esa posibilidad queda rechazada expresamente. Qué pasaría, por ejemplo, si un miembro de una comuna no acepta la moneda local y exige ser pagado en el bolívar, que además es de obligada aceptación?

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